Generalitat C. F.
Si avalas a una de las entidades deportivas más endeudadas del país, que lleva años al borde del precipicio haciendo malabarismos para no despeñarse por el barranco de la desaparición, lo más probable es que al final suceda lo que ha sucedido: que tengas que comerte el marrón. Eso es lo que le ha pasado a la Generalitat Valenciana, que en el 2010 avaló el préstamo de 81 millones de euros (más 4’8 de intereses) que la Fundación del Valencia pidió a Bankia (sí, a Bankia) para comprar el 70 % de las acciones del Valencia C. F. Con esa operación se cubrió la ampliación de capital de la entidad y se evitó el concurso de acreedores. Y las manifestaciones de los aficionados valencianistas, añado.
Como ven, todo es muy endogámico. La Generalitat rescata al Valencia, que no puede hacer frente a una deuda con Bankia, que a su vez es un banco rescatado por el Estado, que también ha tenido que salir al rescate de la Generalitat. Una subordinada escandalosa. Como el país. A toda la deuda de la Comunidad Valenciana ahora hay que sumar más de 80 millones por cortesía de unos dirigentes que no han sabido gestionar adecuadamente un club de fútbol.
Pero no acaban ahí los intereses futbolísticos del gobierno valenciano. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo de la Generalitat que avaló al Valencia, también lo hizo con el Levante U. D., el Hércules C. F. o el Elche C. F. En el caso de este último también tuvo que hacerse cargo de la situación y como consecuencia controla el 40 % del actual líder de la Liga Adelante.
¿Permitirá la Generalitat los altísimos sueldos de la plantilla valencianista? ¿Qué fórmula encontrará para evitar incumplir el Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas que impide que una misma persona física o jurídica ostente el 5 % o más de dos sociedades anónimas que compartan competición deportiva? ¿Cuándo y cómo va a pagar esos más de 80 millones de euros? El rescate del Valencia, además, supone una adulteración. Una liga profesional no tiene solamente una vertiente deportiva, sino también una económica, quizá más importante, pues sin la segunda no es posible la primera. Si a la completa dejadez de las autoridades futbolísticas españolas en exigir un correcto comportamiento financiero se le suma el paraguas salvador del dinero público, tenemos clubes indestructibles.
Pero que nadie se sorprenda. Un club de fútbol público es la consecuencia lógica al despilfarro de dinero de todos del que se ha aprovechado buena parte del deporte profesional español durante las últimas décadas. A saber: recalificación y permuta de terrenos, cesión casi a coste cero (o directamente a coste cero) de instalaciones públicas, subvenciones directas, patrocinios, compra de derechos de televisión por parte de televisiones autonómicas, aplazamiento sine die de la deuda con Hacienda… Un torrente de dinero que ha ayudado a mantener la burbuja deportiva. Otra más. En cuanto la Administración Pública (en cualquiera de sus múltiples variantes patrias) ha empezado a recortar, los clubes han empezado a sufrir, en el mejor de los casos. Para otros ha supuesto directamente la desaparición.
El deporte, especialmente el fútbol, ha sido y es un elemento de poder político. No hay más que echar un vistazo a los palcos de los estadios de la liga un fin de semana cualquiera. Alcaldes, presidentes autonómicos, diputados, ministros… Por habitual, esta concentración de poder no deja ser menos extravagante. ¿Por qué van los políticos regularmente al fútbol y no a otros espectáculos? ¿Podrían ir cada dos semanas al teatro y sentarse en los mejores asientos sin pagar un euro? En los palcos de los estadios se encontraban, semana tras semana, políticos, directivos de bancos o empresarios de la construcción. Y viendo la situación de esos tres grupos, me extraña que el fútbol aún no se haya ido al carajo.
*Darío Ojeda es periodista.
– Foto: Valencia C. F.
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