Ya hemos asistido a algo que creímos que nunca llegaría en el deporte. Pero la crisis es especialista en dilapidar certezas. Una federación ha sido intervenida por el Consejo Superior de Deportes. Y, tras ella, vendrán más. Muchas más. Demasiadas, quizá. Pero el esfuerzo llega tarde.
Desde Barcelona’92, el boom de la práctica deportiva en España ha sido constante. Desde el tenis gracias a Nadal al motociclismo como consecuencia de la proliferación de jóvenes campeonatos patrocinados por marcas punteras. No hace falta recordar el caudal económico que estas actividades han movido y cuáles han sido, precisamente, los vehículos para hacerlo.
Ha ocurrido, sin embargo, que desde siempre atletas y directivos se han enfrentado. Los primeros por considerarse, con razón, los protagonistas de la historia. Aquellos que con su ejemplo conseguían instantáneamente un incremento de licencias federativas, con la consecuente bonanza financiera que ello conseguía establecer, pero que casi nunca les revertía directamente. Y los segundos por tener que explicarles que el deporte y la gestión no son lo mismo. Que organizar un campeonato de España, de Europa o del mundo es algo al alcance de muy pocas personas. Y que sus emolumentos se percibían como consecuencia de ello. Y eran justo. O eso decían.
Bajando al tatami, y nunca mejor dicho, nos ubicamos en el judo nacional. Donde Sugoi Uriarte se quedó en Londres a las puertas de ganar una medalla. Y Laura Gómez, que además es su esposa, no viajó al Reino Unido debido a una polémica decisión que derivó en que Ana Carrascosa fuera la representación femenina española.
Ambos han estado entre los dies primeros del mundo. Han ganado campeonatos internacionales. Son, sin atisbo de competencia, las dos grandes esperanzas de su modalidad para los Juegos de Río de Janeiro 2016. Y en un mundo normal percibirían como referentes una serie de ayudas derivadas del dinero público que recibe su federación. Algo que no ocurre en la forma que demandan.
Por poner un ejemplo, en las fechas clasificatorias olímpicas que dan comienzo en mayo su calendario tendría que estar compuesto por diez viajes alrededor del mundo para obtener los puntos necesarios para Brasil. Pero, salvo porque un patrocinador privado como Poison paga algunos de ellos y la propia federación otros (no muchos), quizá no completen más que la mitad de esos trayectos, lo que supone la presión añadida de tener que conseguir lo mismo que sus rivales con la mitad de oportunidades.
Con todo, apenas se lamentan. Es más, se han erigido en los entrenadores oficiosos del futuro del judo español. Merced a la Beca ADO de Uriarte y al dinero privado con que el Proyecto FER apoya a Laura, han construido en el Valencia Club de Judo un oasis inexistente en el resto del país. Allí, las mayores promesas se entrenan cada día junto a ellos. Sin rastro alguno del apoyo oficial.
De los treinta judocas no levantinos, la mayoría de ellos se han matriculado en universidades valencianas para poder vivir en la capital del Turia, algo que hacen gracias a que Sugoi y Laura costean algunos pisos de alquiler para ellos de su propio bolsillo.
En definitiva, la realidad a la que estábamos acostumbrados se ha caído de repente. Y el futuro de un deporte no depende ya de sus organismos, sino de la iniciativa privada de unos deportistas que usan su tiempo tanto para conseguir sus objetivos como para hacer que otros lleguen a su nivel.
Pero, como siempre ocurre, si hay medalla, habrá foto política. Y se glosará el buen trabajo realizado en los últimos años. Sirva al menos este artículo para explicar las pequeñas iniciativas civiles que hay detrás de esto. Y para homenajear a aquellos que, pudiendo hacer la guerra por su cuenta, prefieren ayudar a otros para que peleen a su lado durante sus mejores años profesionales.
* David Blay.
– Foto: Rober Solsona (ABC)
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